Aunque la cifra de inclusión financiera sigue creciendo en el país, de hecho superó la meta que se tenía para 2022, la realidad, y a pesar de los esfuerzos de sector público y privado, es que todavía a los colombianos y a sus empresas les resulta difícil acceder a financiamiento (bien sea porque no cuentan con un historial crediticio, por falta de conectividad, de competencias que permiten conocer la oferta y tomar mejores decisiones, o por cualquier otra razón), todavía es notoria una alta informalidad del crédito y el marco legal que existe es limitado para servicios financieros empresariales alternativos, y, justamente, problemas como estos son los que plantea y busca solucionar el documento CONPES sobre Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera.
Y aunque es habitual escuchar hablar de CONPES, muchos no saben qué es ni para qué sirve, resulta que este tipo de documentos son una hoja de ruta en materia económica y social, donde se fijan políticas que luego ejecuta el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y municipales. Con la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera se quiere integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país.
La educación financiera, entendida como ese proceso a través del cual las personas desarrollan conocimiento, valores, competencias y comportamientos claves para tomar decisiones responsables, y la inclusión financiera, el acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros, han sido una necesidad constante en Colombia y la región a lo largo de los años. Este documento pretende entonces aterrizar la idea de trabajar y profundizar en dichos temas, define el cómo, cuándo y dónde se van a implementar las estrategias y le pone responsables a cada una de las acciones.
Con el objetivo de llegar a toda la población, el plan de acción de este CONPES está orientado hacia cuatro puntos: (i) ampliación y pertinencia de la oferta de productos y servicios financieros a la medida; (ii) generación de mayores competencias, conocimiento y confianza en el sistema financiero; (iii) fortalecimiento de la infraestructura financiera y digital para un mayor acceso y uso de servicios financieros formales y, finalmente, (iv) la presentación de una propuesta para una gobernanza institucional que permita mayor articulación en la implementación de las estrategias de educación e inclusión financiera.
La Política tiene un periodo de implementación que cubre desde el año 2020 hasta el 2025, cuando se espera que los productos y servicios financieros hayan llegado también a la población vulnerable, que exista una mayor protección al consumidor financiero, que se haya desarrollado y se mantenga una iniciativa masiva, clara y contundente que tenga como eje la educación financiera y que llegue a muchas instituciones educativas y, sobre todo, que los colombianos reconozcan los beneficios de estos servicios que, sin duda, y aplicados según lo señalado en este documento, pueden mejorar la calidad de vida de la población.
Otros artículos que le pueden interesar:
La educación financiera no solo es tarea de algunos
